Una Argentina que funcione

Necesitamos una Argentina que funcione. Nuestras democracias requieren políticas públicas basadas en conocimientos y datos.

Han transcurrido más de dos décadas desde la sanción de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y la adhesión de nuestro país a los principales tratados internacionales en la materia. En esta línea, considerando las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y organizaciones de la comunidad civil especializadas en la materia, se proponen las siguientes acciones:  

  • Mejorar la ética, integridad y transparencia de la gestión pública. Implementar herramientas para lograr una mejor gestión de la cosa pública, más eficiente, más eficaz, más rápida, con mejores insumos para la toma de decisiones y, por lo tanto, para la resolución de los problemas de la ciudadanía.
  • Actualización de la Ley de Ética e Integridad en el Ejercicio de la Función Pública que recoja los avances registrados en la normativa local y comparada y la jurisprudencia en los últimos 20 años.
  • Avanzar en la actualización de la ley de protección de datos personales, alineándola a las regulaciones y mejores prácticas regionales e internacionales.
  • Revisar la normativa de compras y contrataciones de bienes y servicios y de obra pública y optimizar el funcionamiento de las plataformas virtuales de gestión existentes a fin de que los procedimientos sean mucho más ágiles y garanticen mayor concurrencia de oferentes y niveles máximos de transparencia. 
  • Política de datos abiertos y blockchain. Estudiar e incorporar progresivamente todos los avances que la tecnología propone en términos de transparencia para la gestión administrativa y herramientas que garanticen la seguridad de la información.

Ante la complejidad del contexto internacional y las crecientes demandas sociales, el Estado debe consolidar su rol como promotor del desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales, que muchas veces se vuelven escasos o costosos.

Un Estado Inteligente es aquel que, mediante el uso estratégico de nuevas tecnologías y la adopción de procesos modernos, logra ser más ágil, eficiente y transparente en su gestión. Esto implica optimizar los recursos disponibles, garantizar una interacción más rápida y efectiva con la ciudadanía, y facilitar la implementación de políticas públicas basadas en datos y evidencia. Un Estado que moderniza su funcionamiento no solo mejora la calidad de los servicios que brinda, sino que también fortalece la confianza pública, promueve la participación social e impulsa el desarrollo económico.

Por eso, se proponen las siguientes medidas para construir un Estado más inteligente, eficaz y cercano a las necesidades de la sociedad: 

  • Modernización tecnológica para la gestión pública: Implementar herramientas digitales que simplifiquen los trámites administrativos, fortalezcan la transparencia y permitan una interacción más ágil con la ciudadanía, garantizando así soluciones rápidas y efectivas.
  • Fortalecimiento del empleo público especializado: Promover la incorporación de profesionales idóneos y capacitados en áreas clave como ciencia de datos, ciberseguridad y digitalización. 
  • Transparencia y rendición de cuentas digitalizada: Crear plataformas digitales de acceso público que permitan el seguimiento en tiempo real de las políticas públicas, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de objetivos de gestión.
  • Descentralización territorial inteligente: Fomentar la instalación de dependencias públicas nacionales en distintas regiones del país, complementado con herramientas digitales que permitan gestionar de forma eficiente y remota las políticas públicas en todo el territorio.
  • Creación de la Empresa ANDES (Administración Nacional para el Desarrollo de Software): Esta empresa, con participación de CONICET y AR-SAT, impulsará el desarrollo de soluciones digitales para modernizar la gestión pública, garantizar la soberanía digital del Estado y promover la innovación tecnológica en todas las áreas gubernamentales.
  • Planificación territorial basada en datos: Recuperar la planificación territorial como herramienta estratégica para ordenar la inversión pública, utilizando sistemas de información geográfica (GIS) y mapas interactivos que permitan proyectar el desarrollo de cada región con mayor precisión y equidad.

El problema de la seguridad cada vez se vuelve un tema central en el debate público y en la vida de las personas. Para saldar esa deuda, debemos fortalecer el sistema nacional de seguridad pública, con impacto directo en cada uno de los niveles y jurisdicciones.

El primer problema al que nos enfrentamos es la desarticulación que existe en la actualidad del propio Sistema de Seguridad. La superposición de tareas, la falta de claridad en los objetivos y la escasa comunicación entre cada una de sus partes entorpece la tarea de las agencias que deben prevenir y combatir el delito. Nosotros queremos diseñar, planificar y conducir la Seguridad y para eso tenemos que enfocarnos en establecer una correcta articulación entre nación, provincias y municipios, como así también entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Las propuestas que vamos a llevar adelante no pueden ser pensadas ni ejecutadas como meros slogans de marketing político, propios de una campaña electoral. 

La inversión en tecnología aplicada a la prevención y conjuración del delito, la adquisición de recursos técnicos, desde patrulleros, chalecos antibalas o armas de fuego, o recursos tecnológicos, debe estar planificada para todo el sistema. Necesitamos municipios fuertes y activos, equipados y eficientes, al igual que provincias con capacidad de resolución, con agentes altamente profesionalizados y fuerzas nacionales modernizadas, con un despliegue territorial inteligente, interviniendo según el mandato conferido por las leyes que las crearon. 

Un punto esencial para el funcionamiento del sistema es el bienestar de nuestras fuerzas de seguridad en cada uno de sus niveles. Vamos a emprender un proceso de mejora continua para los y las trabajadoras de las fuerzas. Nuestra visión no sólo contempla el equipamiento y la capacitación, sino aquellos reclamos históricos que reconocemos como necesarios para resolver los nuevos problemas que el siglo XXI trajo consigo.

Nos preparamos para gestionar los conflictos, para conducir el sistema de seguridad, para que las familias, los vecinos, los comerciantes, los trabajadores, los estudiantes y cada habitante de nuestra Argentina pueda tener una vida digna, segura. 

Poder volver a vivir en un país donde la gente no deba preocuparse por el horario en el que sale a trabajar ni por el barrio en el que vive. 

Una visión federal, pero enfocada en el arraigo. Para eso, no vamos a dudar en ser firmes con quienes no cumplan la ley. Nuestra prioridad es una Argentina que funcione y, para eso, necesitamos una Argentina segura.

Por ello, proponemos:

  • Saldar la deuda de la seguridad en democracia.
  • Sistema Integrado de Seguridad Pública que mejore la eficacia de las políticas públicas en materia de prevención y control del delito y la violencia por medio de una distribución acordada de competencias, el apoyo al fortalecimiento de las capacidades de gestión y la coordinación de las acciones emprendidas desde cada nivel de gobierno (nacional, provincial y municipal).
  • Agencia especializada en delitos complejos y transformación de la Policía Federal Argentina para contar con una fuerza de seguridad federal moderna con capacidad de análisis y acción en la prevención, neutralización y desarticulación de los delitos graves llevados adelante por organizaciones criminales. Abordaje específico, en materia de investigación y persecución de delitos de drogas ilegalizadas, para intervenir en la estructura del mercado ilegal de drogas y las organizaciones criminales que lo constituyen y en materia de delitos económicos (contrabando y lavado de dinero)
  • Planificación operativa para políticas de prevención territorial del delito y la violencia. Desarrollar y fortalecer espacios de articulación concreta con provincias y municipios, desde la participación comunitaria, para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad con perspectiva federal y situada, generando modelos de gestión flexibles centrados en esquemas de cooperación y colaboración conjunta para evitar la fragmentación de las respuestas.
  • Bienestar de las fuerzas de seguridad. Jerarquizar el trabajo policial otorgándole centralidad en el desarrollo e implementación de políticas públicas de seguridad. Reformulación de la política de formación y capacitación del personal con el objetivo de profesionalizar las fuerzas de seguridad a partir de las necesidades y demandas actuales en materia de política criminal. Políticas de bienestar: sindicalización, recomposición salarial, prestaciones de seguridad social, acceso a programas de créditos de viviendas, contención psicosocial, salud policial, adquisición de recursos estratégicos para el trabajo policial, entrenamientos especializados, políticas de género, entre otras.
  • Políticas destinadas a personas víctimas de delitos: para evitar la revictimización y garantizar la no impunidad y la reparación.
  • Promover la Independencia, Transparencia y Calidad Institucional. El sistema republicano que hemos adoptado demanda el respeto irrestricto de su independencia por parte de los otros poderes del Estado y, como contracara, demanda su no intromisión en los asuntos que a aquellos corresponden. Ello sólo es posible si la gestión se encauza en los principios de publicidad, transparencia y responsabilidad pública efectiva, conforme a la normativa que rige en la materia y que debe ser adecuada para su efectivo cumplimiento.
  • Acatar estrictamente los procesos transparentes y adecuados de selección y nombramiento de magistrados. Impulsar las reformas legislativas necesarias para adecuar la integración y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura en sus procedimientos de selección, nombramiento y remoción. 
  • Juicio por Jurados. Instar la participación ciudadana mediante la instauración del juicio por jurados a nivel federal. La idea central es que la ciudadanía participe y se vincule activamente de la toma de decisiones en el ámbito judicial y, con ello, que la justicia deje de ser sólo un espacio para funcionarios judiciales, auxiliares y abogados.
  • Justicia de “Menor Cuantía”. Una Justicia más cerca de la gente. El servicio de justicia, tanto a nivel nacional como provincial, se ha alejado de los conflictos simples que la ciudadanía debe resolver a diario. La administración de justicia ha quedado reservada para “grandes temas”, resultando lenta, burocrática y cara para cualquier otro conflicto. Ello genera insatisfacción social y un profundo sentimiento de impunidad general. En consecuencia, se propone ampliar los criterios de acceso a la justicia a partir de la modificación del procedimiento y mecanismos de litigio para un universo determinado de casos, conforme a las experiencias registradas en países como Brasil, España y Estados Unidos. Oralidad, celeridad, gratuidad en la representación jurídica, jueces unipersonales que en audiencias ágiles y rápidas resuelven en el acto los conflictos, para quedar luego las vías recursivas. Se excluyen expresamente determinados casos, que requieren otro tipo de tratamiento más complejo.
  • Paridad de Género. La cobertura de los cargos superiores en la Justicia aún dista de los parámetros esperables en materia de paridad de género. De acuerdo con el Mapa de Género de la Justicia Argentina publicado en 2023 por la Corte Suprema, sólo el 30% de los cargos máximos y el 45% de los cargos de magistrados/as, procuradores/as, fiscales/as y defensores/as está cubierto por mujeres. Teniendo en cuenta la imperatividad de los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de derechos humanos, es imperioso que se adopten medidas positivas para disminuir la brecha reseñada.
  • Desmonopolizar y estimular la competencia. 
  • Reforma de la ley general de sociedades y de la ley de impuesto a las ganancias con el objeto de regular a los grupos económicos. 
  • Alineación de la política de defensa de la competencia con la política económica y la política industrial. Regulaciones específicas para los sectores que tienen economías de escala a nivel local pero no a nivel internacional. Implementar un sistema de monitoreo para los mercados con alto nivel de concentración, barreras tecnológicas o financieras de entrada para nuevos jugadores o influencia de mercado derivada del control de recursos críticos como el acceso a divisas. 
  • Crear un Fondo soberano para el desarrollo federal. 
  • Constitución de un fondo soberano con el financiamiento estratégico de las regalías provenientes de las exportaciones hidrocarburíferas y mineras.
  • Asignación específica de los recursos del fondo a: estímulo al aumento de la complejidad y el agregado de valor de las exportaciones provinciales, universalización de la jornada escolar completa y a proyectos de reducción de la huella de carbono en las actividades económicas.
  • Simplificar la estructura impositiva. 
  • Reducción de impuestos y eliminación de privilegios impositivos. Eliminación de la mitad de los tributos existentes con más baja capacidad de recaudación: pasarán de los 165 actuales a 36. Fusión de impuestos que gravan el mismo hecho imponible. 
  • Eliminación de privilegios impositivos (exenciones y mecanismos de ajuste por inflación en varios tributos para actividades de alta rentabilidad) reduciendo los gastos tributarios de 5% del PBI al 3.2% del PBI.
  • Federalizar el desarrollo, la producción y el empleo. 
  • Promover la agregación de valor y de tecnología en los sectores exportadores y priorizar aquellas ramas de la industria que puedan sustituir importaciones y generar un ahorro efectivo de divisas.
  • Continuidad y puesta en marcha de las 1550 obras con los gobiernos provinciales y priorizadas con los sectores productivos.
  • Profundizar la estrategia de Logística Norte Grande (CFI).
  • Intervenciones de infraestructura, conexiones, regulación e institucionalidad en 14 productos clave que permitan remover los obstáculos para el desarrollo y la promoción del empleo y de las exportaciones en las provincias del Noreste y del Noroeste.

En un contexto histórico marcado por el dinamismo y la transición hacia un nuevo orden mundial, la política exterior argentina debe sustentarse en dos pilares fundamentales y mutuamente fortalecedores: el pragmatismo y la soberanía del Estado. 

Ser pragmáticos en nuestra política exterior significa posicionarnos de manera estratégica en el ámbito internacional, defendiendo nuestros intereses nacionales y garantizando estabilidad en el largo plazo. Las relaciones entre Estados no deben fundamentarse en las afinidades personales o en las relaciones individuales que los mandatarios puedan establecer con los líderes internacionales, sino en un marco más amplio y estructural. 

Al combinar los ejes del pragmatismo y la soberanía, Argentina podrá fortalecer su posicionamiento internacional, consolidándose como un actor confiable y con capacidad de negociación. Esta doble estrategia permitirá al país actuar de manera flexible y estratégica, adaptándose a un entorno global cambiante sin renunciar a sus principios fundamentales. 

En este sentido, se buscará consolidar:

  •  Integración regional
  • Mercosur: A más de dos décadas de la firma del Tratado de Asunción, carta constitutiva del Mercado Común del Sur, se proyecta indispensable la generación de un nuevo acuerdo entre los países miembros que busque nuevamente ratificar la convicción de que el MERCOSUR es un bloque comercial así como un espacio catalizador de valores, tradiciones y futuro compartido: relanzar un nuevo consenso regional. Para ello, debe abrirse la mesa de diálogo a los Estados de Latinoamérica para incorporarse como Estados Parte y así poder solidificar la misión del Mercado Común del Sur. 
  • Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Institucionalizar la CELAC y profundizar la cooperación, fortaleciendo los consensos para traducirlos en programas de trabajo concretos. Implementar medidas eficaces para la creación de una efectiva comunidad regional que potencie la generación de oportunidades para el desarrollo de los diversos países de la región. 
  • Defensa de la soberanía territorial
  • Irrenunciabilidad a las Islas Malvinas: Profundizar la estrategia de política exterior vinculada al reclamo sobre las Islas Malvinas y fomentar el diálogo y la negociación en espacios bilaterales y/o multilaterales con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para lograr llegar a un acuerdo que respete los principios del Derecho Internacional Público sobre los que se sostiene el reclamo argentino (Uti Possidetis Iuris, integridad territorial, no intervención, solución pacífica de disputas, entre otros). 
  • Recursos naturales: La explotación sostenible y nacional de los recursos energéticos y naturales debe ser un pilar fundamental de la estrategia de desarrollo económico de Argentina, alineada con los principios de soberanía y autonomía. En lugar de depender de actores externos para la extracción de nuestros recursos, el país debe asumir el control total de su gestión, asegurando que los beneficios obtenidos se destinen al bienestar de la población y al fortalecimiento de la economía nacional como un acto de independencia económica. 
  • Diplomacia multilateral
  • Rol activo en organismos internacionales: En un contexto internacional caracterizado por la multipolaridad, Argentina tiene una oportunidad única para jugar un rol activo y protagónico en los organismos internacionales. La creciente diversificación de los centros de poder global abre un espacio para que el país fortalezca su posición en foros clave como las Naciones Unidas, el G20, la OEA, el MERCOSUR y otros espacios multilaterales.
  • Reforzar la soberanía del comercio exterior. 
  • Reorganización de las agencias de control del tránsito de mercaderías en vías fluviales y puertos marítimos. 
  • Dar un salto histórico en el valor de las exportaciones.
  • Fortalecer las exportaciones agroindustriales fomentando el agregado de valor. 
  • Aprovechar las oportunidades que brinda la transición energética para convertir a Argentina en un exportador relevante de energía y minerales. 
  • Consolidar a Argentina como un exportador dinámico de servicios tanto turísticos como basados en el conocimiento.
  • Promover estímulos financieros para aumentar la complejidad de las exportaciones provinciales.
  • Fortalecer la minería como puntal del desarrollo regional y nacional.
  • Redefinición del marco regulatorio para la explotación de litio: nuevo esquema de regalías e impuestos, porcentajes mínimos de venta en el mercado local, compromisos de inversión en infraestructura y desarrollo nacional de la cadena de valor.
  • Fortalecer el complejo energético nuclear de nuestro país.
  • Construcción de 2 centrales nucleares de potencia y completar el proyecto de operación a largo plazo de la central nuclear Juan D. Perón (Atucha 1). 
  • Completar el proyecto CAREM 25 y desarrollar el modelo CAREM comercial. 

El acceso de la ciudadanía a la conectividad y a los dispositivos tecnológicos debe considerarse como un derecho fundamental y un requisito básico de la inclusión social en el siglo XXI. En este sentido, debemos continuar con el impulso de políticas que permitan fortalecer la soberanía del país en materia de telecomunicaciones, achicar la brecha digital entre países, regiones y sectores sociales y generar mejores condiciones para el desarrollo social y económico de la Argentina. 

En este sentido, proponemos:

  • Promover el desarrollo de infraestructura para la conectividad mediante la ampliación de la red de fibra óptica y la regulación en la prestación de servicios de internet, coordinando con los distintos prestadores, ya sean nacionales o locales, para alcanzar a todas las regiones del país con un servicio universal, accesible y de calidad. 
  • Garantizar el Derecho Humano a la Comunicación. En este sentido, es indispensable fortalecer el acceso a la comunicación como un derecho humano, fortalecer el sistema de medios públicos y democratizar los medios de comunicación, declarar la internet y los servicios de telefonía como servicio público esencial. 
  • Impulsar la política satelital. 
  • Mediante el fortalecimiento del Plan Espacial Nacional y el Plan Satelital Geoestacionario, las empresas estatales ARSAT, VENG e INVAP que impulsan el crecimiento de la actividad espacial en empresas pymes y universidades y el establecimiento de una estrategia para alcanzar a las escuelas, centros de salud y la gestión gubernamental y para reducir la brecha digital.
  • Fomentar las nuevas tecnologías y promover la creación de empresas. 
  • Líneas de crédito de la banca pública para jóvenes innovadores tecnológicos.
  • Fortalecimiento del sector del software, los servicios informáticos y la economía del conocimiento con el Estado como protagonista para fortalecer la independencia económica y la soberanía política, generando las condiciones para un país con mayor justicia social. Incrementar la inversión en tecnología digital, el fomento y apoyo a las empresas y a las personas, ampliar su diversidad, sus capacidades para el aumento de la productividad en toda la industria y su potencial exportador, evitando su concentración y extranjerización.
  • Implementar nueva política agrícola para consolidar el liderazgo global.
  • Requerir Planes de Manejo del Suelo y Producción Sustentable a todas las grandes explotaciones agrícolas.
  • Adaptación al cambio climático: difusión de semillas resistentes al estrés hídrico e incentivos financieros para la constitución de reservorios que independicen la disponibilidad de agua de los ciclos climáticos.
  • Recuperación de tierras productivas con obras de canalización y riego mediante la coordinación de la inversión pública nacional y las provinciales.
  • Aplicar tecnología e innovación para transformar la producción ganadera. 
  • Financiamiento nacional y asistencia técnica para incrementar en 50% la producción y la productividad en la ganadería bovina.
  • Incorporación de ganadería de precisión para mejorar en 20% las tasas de preñez y destete e incrementar anualmente el peso medio de faena durante diez años.
  • Mitigación del impacto climático de la ganadería bovina: desarrollo de sistemas de información, banco de forrajes y reservorios de agua e incentivos para la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes.
  • Fortalecer la implementación del Plan Nacional de Acuicultura Sustentable para duplicar la producción acuícola. 
  • Fortalecer y jerarquizar la promoción de la actividad mejorando el presupuesto disponible y las herramientas de política pública existentes y desarrollando fuertes incentivos para el sector.
  • Potenciar la actividad turística para el desarrollo territorial. 
  • Aumentar el ingreso de divisas por turismo. 
  • Incrementar el turismo sustentable y limitar el impacto ambiental de las prácticas turísticas. 
  • Promover el turismo 4.0, la digitalización de empresas turísticas y la llegada de nómades digitales. 
  • Implementar un Programa y una Plataforma de empleo calificado en el sector turístico y gastronómico, que incluya entrenamiento para el trabajo y esté articulado con un programa de inserción laboral.
  • Lanzar un Programa de Protección y Conservación de los Centros Históricos en el interior del país. 
  • Relanzar el Previaje, realizando una segmentación geográfica para fomentar el turismo en la temporada baja de cada zona del país.

El mercado de trabajo está fragmentado entre quienes acceden a derechos y beneficios y quienes padecen la inestabilidad de sus ingresos y derechos mientras subsiste una alta informalidad, el cuentapropismo y los bajos ingresos. 

Relajar las protecciones laborales no crea empleo. 

Es urgente la recalificación de la mano de obra. 

Las políticas de formación profesional deben extender su alcance y redefinir su diseño y su marco de institucionalidad.

Por ello proponemos:

  • Federalizar una estrategia integral de formación profesional para el trabajo. 
  • Sistema Integrado Federal de Formación Profesional y del Trabajo, integrando las políticas nacionales y provinciales de formación profesional en un sistema de acreditación único que estandarice la calidad de la enseñanza y facilite la inserción de los trabajadores. 
  • Programa de arraigo o re-provincialización de investigadores, científicos y profesionales en todo el territorio nacional, a partir de incentivos desde el sector público y el sector privado y la promoción de una política de inserción profesional para jóvenes radicados fuera de su provincia mediante beneficios para las empresas que los emplean.
  • Reducir la informalidad laboral.
  • Resulta imprescindible establecer los mecanismos necesarios para lograr un crecimiento del empleo registrado.

El sistema científico argentino ha enfrentado en los últimos años un preocupante proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo su desarrollo y sostenibilidad. Sin un sistema científico sólido, el país pierde la capacidad de generar conocimiento estratégico, resolver problemas complejos y posicionarse de forma competitiva en el escenario global. Apostar por la ciencia, la técnica y la innovación no solo es una necesidad, sino una obligación para garantizar el progreso social, económico y tecnológico de la Argentina.

Para fortalecer el sistema científico-tecnológico del país, es fundamental avanzar en cuatro ejes estratégicos:

  • Fortalecer y garantizar la sostenibilidad del financiamiento del sistema: mediante el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la captación de fondos internacionales, así como la mejora en la articulación entre los actores del sistema, el trabajo sobre su impacto y la apuesta a la incidencia directa en asuntos estratégicos para el país tales como las políticas en materia de asuntos de energía nuclear; satelitales, hídricos, del cambio climático y del ambiente. 
  • Formar jóvenes científicos: aumentar paulatinamente la cantidad de investigadores e investigadoras, así como también becarios para el desarrollo de una ciencia productiva e inclusiva.
  • Promover la Soberanía Digital: lanzar una estrategia interescalar para el desarrollo de digitalizadas que resguarden las capacidades tecnológicas argentinas en función de los intereses nacionales en virtud de la autonomía de su desarrollo en CyT. 
  • Reforzar la ciberseguridad: reforzar las políticas de seguridad y protección de datos sensibles en función de la defensa nacional y la privacidad de la ciudadanía.

La reconstrucción educativa va a ser el punto de partida de un salto de desarrollo económico inclusivo, potente y estable. La caída de la inversión está deteriorando los edificios escolares, devaluando los sueldos y las carreras de los docentes e impidiendo ofrecer acceso educativo y aprendizajes de igual calidad a todas y todos los alumnos. 

Para renovar y reforzar la educación pública, hacerla accesible a todos y a todas y ponerla a la altura de lo que demanda nuestro tiempo, se necesita trabajo, creatividad, determinación, audacia y un esfuerzo nuevo y extraordinario. Para impulsar este camino y reconstruir nuestro sistema debemos: 

  • Profundizar la implementación de políticas que alcanzaron resultados positivos en los últimos años: sostener los niveles de alfabetización y la cobertura en todos los niveles educativos; continuar con la expansión del nivel inicial y el fortalecimiento de la atención de la primera infancia; continuar el aumento del salario docente; seguir aumentando la conectividad en las escuelas de todo el país; reforzar el programa de distribución de libros en los niveles inicial, primario y secundario; ampliar las becas de terminalidad de la escuela secundaria; sostener la ampliación de la inversión en infraestructura; mantener el plan “FinEs” para ofrecer la posibilidad de finalizar sus estudios primarios y secundarios a los jóvenes mayores de 18 años;
  • Jerarquizar la actividad docente: brindar los mejores sueldos para el trabajo más importante. Los problemas que atraviesa la docencia tienen un lugar central en nuestra agenda de prioridades; revalorizar y jerarquizar el rol docente es el gran pilar para fortalecer la calidad de nuestro sistema educativo.
  • Fortalecer la formación docente en todos los niveles del sistema, promoviendo la formación universitaria de tres años, gratuita y obligatoria, para las y los docentes de todo el país y formación obligatoria para la educación inicial, unificando y mejorando los institutos de formación para todos los casos, dotando de herramientas pedagógicas modernas a los docentes.
  • Desarrollar un Programa de Formación en Conducción Educativa: alentar una mayor profesionalización en los equipos directivos y revalorizar el rol de los directores escolares.
  • Desarrollar nueva infraestructura escolar y fortalecer los planteles docentes, para contribuir a la expansión de la jornada escolar en todo el país.
  • Alcanzar la Deserción 0 y mejorar la calidad educativa fomentando un programa de inclusión que apunte a la universalización de la cobertura en todos los niveles de la educación obligatoria.
  • Hacer efectivo un Sistema Nacional de Información y Evaluación para facilitar el seguimiento unificado de las trayectorias escolares y ofrecer información fidedigna y oportuna a todos los actores de la gestión educativa.
  • Trabajar en la enseñanza de informática y competencias digitales como forma de soberanía tecnológica profundizando la estrategia de educación tecnológica en los tres niveles obligatorios y en la formación docente.
  • Desarrollar un Programa de Apoyo y Financiamiento para las Escuelas Rurales que potencie el federalismo y fomente el arraigo.
  • Reforzar el puente entre la educación secundaria y la superior, generando estrategias de enlace para asegurar la igualdad de oportunidades y la continuidad de las trayectorias educativas. 
  • Fomentar la inversión y articulación de las políticas de expansión del Sistema universitario articulando un desarrollo institucional sistematizado mediante el Consejo de Universidades. 
  • Ampliar el número de universidades en las provincias y los municipios que cuenten con dicha necesidad. 
  • Promover un esquema universitario de participación y cooperación latinoamericano: trabajar la formación de estudiantes y docentes en todo Latinoamérica y desarrollar financiamientos en investigación para desarrollar competencias científicas a nivel regional.
  • Promover un esquema de carreras cortas en las universidades.
  • Aumentar y mejorar el sistema de becas para contribuir al ingreso, permanencia y egreso de estudiantes provenientes de sectores sociales de menores ingresos. Asimismo, aumentar y mejorar las becas que buscan estimular a estudiantes de las carreras estratégicas y prioritarias.

Es hora de avanzar con las transformaciones necesarias para que la salud sea más accesible para todos; que los profesionales puedan formarse y tengan mejores condiciones de trabajo en todo el territorio; que la salud sea considerada un estado integral, que engloba aspectos físicos, mentales y sociales, todos vitales para que las personas y las comunidades crezcan, desarrollen sus proyectos, construyan su vida, sigan sus deseos.

Se trata de:

  • Crear un modelo de atención centrado en las personas.
  • Sistema de salud integrado para revertir la fragmentación mediante una transformación definitiva.
  • Gobierno del sistema de salud. Reorganización del sistema en función de las necesidades sanitarias, con criterio científico y epidemiológico.
  • Transformación de los modelos de atención. Avanzar hacia un modelo de cuidados progresivo, es decir, de salud integral. 
  • Fortalecer los modelos hospitalarios y las redes territoriales de salud para darle fluidez a la comunicación entre los efectores, y entre estos y su comunidad.
  • Articulación del sistema de salud desde la gestión de la información. Planificación e implementación efectiva de herramientas que digitalicen y centralicen la información. Articulación del sistema público con obras sociales y prepagas. 
  • Abordar la salud mental como prioridad, sobre todo, por el impacto generado post pandemia, identificando las necesidades de la población en las distintas etapas de la vida, promoviendo redes comunitarias integradas por el sistema de salud, las organizaciones territoriales, el sistema educativo y otros espacios de contención y cuidado.
  • Desarrollar estrategias integrales para abordar el consumo problemático de sustancias, considerando su impacto en las trayectorias de vida de las personas y sus familias, con especial atención en los sectores vulnerables que necesitan más y mejores herramientas para acompañar estas situaciones.
  • Identificar y generar criterios y propuestas para la atención de poblaciones con necesidades específicas como infancias y adolescencias, diversidades sexo genéricas, pertenecientes a comunidades indígenas, entre otros.

Las democracias del presente, y sobre todo del futuro, deberán abordar las problemáticas ambientales como eje central de sus políticas nacionales. Los efectos del cambio climático y la crisis socioambiental hoy representan uno de los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad.

Aunque la contribución de nuestro país en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global es significativamente baja —sólo el 0,7 %—, sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, Argentina ha asumido importantes compromisos en la lucha contra los efectos del Cambio Climático. Reconoce el consenso de la comunidad científica internacional la cual sostiene que la interferencia antrópica sobre el sistema climático genera impactos y riesgos futuros para los sistemas naturales y sociales (IPCC, 2014). 

Nuestro objetivo será impulsar una Agenda Ambiental Nacional desde una perspectiva integral. Para ello, nos proponemos:

  • Impulsar una Transición Ecológica Justa: hacia una política ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático. 
  • Política Ambiental Nacional que esté a la vanguardia de la gestión para la adaptación y mitigación al cambio climático y el derecho a un ambiente sano, priorizando una mirada de soberanía.
  • Agencia Nacional de Protección y Evaluación Ambiental con competencias, presupuesto y herramientas para la intervención, sanción y medición de daños y riesgos ambientales.
  • Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319). Modificaciones a la ley actual con el fin de que se pueda establecer un presupuesto mínimo de protección ambiental para la explotación de hidrocarburos en el marco de la Transición Energética Justa. 
  • Ley de Humedales. Readecuaciones al proyecto para asegurar su tratamiento parlamentario y aprobación. Integrar las visiones de preservación y conservación con la actividad productiva en los territorios de humedal. 
  • Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. A partir del diagnóstico esbozado en 2021, promover el desarrollo de esquema de acción a partir de los lineamientos estratégicos desarrollados en el Plan, con perspectiva interministerial, que permita la integración de las políticas, estrategias y medidas de adaptación y mitigación a los procesos claves de planificación.

La defensa de los derechos humanos es un compromiso irrenunciable que debe sostenerse con firmeza frente a los desafíos del presente. En un contexto donde los discursos de odio y el negacionismo han cobrado fuerza, resulta urgente intensificar las acciones de concientización y promover políticas activas que resguarden la memoria, la verdad y la justicia.

En particular, preocupa que desde ciertos sectores políticos se intente relativizar o incluso negar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Este tipo de manifestaciones atentan contra la construcción de una sociedad democrática basada en el respeto por los derechos fundamentales y la memoria colectiva. Por ello, resulta necesario evaluar la implementación de medidas legislativas que sancionen y/o impidan la propagación de estos discursos, resguardando así los valores democráticos y el respeto a las víctimas.

Al mismo tiempo, es imprescindible defender la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Sin embargo, esta libertad no puede ser utilizada como una herramienta para promover el odio o la violencia. Una sociedad democrática no puede ser infinitamente tolerante, pues tolerar discursos que incitan al odio o al negacionismo termina socavando los mismos valores que sostienen esa libertad. Por ello, no se trata de limitar el debate ni las ideas diversas, sino de trazar un límite claro frente a aquellos que, bajo el amparo de la libertad de expresión, intentan justificar la discriminación, la violencia o la negación de hechos históricos comprobados.

Por otro lado, el Estado argentino debe reafirmar su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte. Esto implica no solo garantizar el respeto pleno de los fallos y decisiones emitidos por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también velar por la autonomía e independencia de dichos organismos. Esta adhesión es clave para asegurar que los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, estén debidamente protegidos frente a cualquier tipo de abuso o arbitrariedad.

La defensa de los derechos humanos no se limita al pasado, sino que se proyecta al presente y al futuro. Por eso, es indispensable que el Estado promueva políticas educativas, culturales y sociales que fomenten una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y comprometida con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad.

Hablar de género hoy es más urgente que nunca. En un contexto donde los discursos que niegan la desigualdad de género ganan espacio en la política argentina, resulta fundamental reafirmar que la desigualdad persiste y que afecta directamente la vida de millones de mujeres y diversidades. La violencia por motivos de género, las barreras para acceder a puestos de decisión y la sobrecarga de tareas de cuidado siguen siendo realidades que limitan el pleno desarrollo de derechos. Defender y ampliar las políticas de género no es solo una cuestión de justicia social, sino también de construcción de una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos.

Este partido asume este desafío con propuestas concretas que buscan proteger derechos conquistados y avanzar hacia un futuro con mayor igualdad a través de estas propuestas: 

  • Paridad de género efectiva en la toma de decisiones: Propondremos una legislación que no solo garantice la presencia equitativa de mujeres en listas electorales, sino que también promueva su participación activa en áreas clave como economía, seguridad y justicia. Buscaremos que la representación femenina sea una realidad tangible en los espacios de poder.
  • Red integral para la prevención y erradicación de la violencia de género: Impulsaremos la creación de redes locales de atención y protección que articulen de manera eficiente el poder judicial, las fuerzas de seguridad y los dispositivos de acompañamiento comunitario. Se priorizará la formación en perspectiva de género en cada uno de estos espacios y se desarrollarán herramientas digitales para brindar asistencia inmediata a las víctimas.
  •  Sistema de cuidados con responsabilidad compartida: Promoveremos la creación de un sistema nacional de cuidados que incluya incentivos fiscales para las empresas que implementen espacios de cuidado infantil, la expansión de jardines maternales y la capacitación de varones para que se involucren activamente en estas tareas. Además, impulsaremos la creación de un “Índice de Cuidado” para que los jueces puedan garantizar una distribución justa de las responsabilidades familiares.
  • Acceso universal a la salud con perspectiva de género: Impulsaremos una política sanitaria que garantice el acceso integral a la salud de las mujeres y diversidades, con especial atención a enfermedades crónicas como la endometriosis. Propondremos la creación de equipos interdisciplinarios que garanticen una atención eficiente, empática y libre de prejuicios.
  • Priorizar el cuidado durante la infancia. 
  • Fortalecimiento de 1000 días: un compromiso real de aumento significativo y sostenido en el tiempo de la inversión pública destinada prioritariamente a la infancia, con presupuesto y herramientas de política pública efectivas para garantizar la atención y el cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia, reconociendo las necesidades en cada etapa -gestación, nacimiento, crianza y cuidado de niñas y niños- como una responsabilidad pública, comprometiendo a las distintas áreas y niveles de gobierno en una acción conjunta, bajo una mirada integral con perspectiva de derechos.
  • Fortalecer el desarrollo de las juventudes.
  • Ley de Promoción Integral de Derechos de las Juventudes: promoción de las políticas y programas existentes y desarrollo de nuevas líneas para jóvenes, todas ellas orientadas a la terminalidad educativa, formación y capacitación laboral, reinserción escolar, fomento de educación superior y consumo de bienes y servicios culturales.
  • Garantizar la calidad de vida de los adultos mayores
  • Impulsar la Ley del Programa Medicamentos Gratis para el acceso a medicamentos gratuitos y elección libre de prestadores y servicios médicos para afiliados/as de PAMI. Garantizar el acceso a los tratamientos de enfermedades de elevada incidencia, prevalencia e impacto en la calidad de vida y del derecho a la libre elección de médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, centros oftalmológicos, ópticas, centros odontológicos y centros auditivos.
  • Casa Activa: Programa de viviendas colaborativas para personas mayores. Primer programa de vivienda colectiva de adultos mayores en América Latina que incorpora políticas públicas y formas de habitar tendientes a un modelo solidario, que combina soluciones habitacionales para personas mayores, con una estructura de servicios de salud primaria y terapéutica –centros de día– y múltiples alternativas de educación, deporte y recreación en espacios comunitarios.

El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo social, la integración comunitaria y la promoción de hábitos saludables. Sin embargo, en el contexto actual, donde la inversión en políticas públicas deportivas está en riesgo, resulta crucial reafirmar su valor como motor de inclusión social, especialmente en un país como Argentina, donde el deporte forma parte de nuestra identidad cultural. Es necesario garantizar que todos, independientemente de su edad, género o condición social, tengan acceso a la práctica deportiva en condiciones igualitarias y seguras. 

El Frente Renovador se compromete a impulsar políticas deportivas que amplíen el acceso, fortalezcan los clubes y promuevan la integración social, entendiendo al deporte no solo como recreación, sino como una poderosa herramienta educativa y comunitaria.

Propuestas para 2025 en adelante:

  • Promoción del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED) con el fin de fortalecer el deporte social, reglamentando la Ley Nº 27.201 y garantizando la construcción y el mantenimiento de espacios deportivos accesibles para todas las comunidades, especialmente en zonas donde los clubes están ausentes o resultan inaccesibles.
  • Asignación Universal por Hijo en el Deporte impulsando una prestación económica destinada a garantizar que los niños, niñas y adolescentes de hogares vulnerables accedan a la práctica deportiva organizada, promoviendo la igualdad de oportunidades desde la infancia.
  • Fortalecimiento del Programa Nacional «Hay Equipo» para desarrollar un programa para que incluya más disciplinas deportivas, capacitaciones en valores y acciones concretas para prevenir la violencia y la discriminación en el ámbito deportivo.
  • Recuperación del ENARD con autonomía financiera plena para perseguir la restitución de los fondos de asignación específica que fueron eliminados, garantizando así el financiamiento directo y sostenido de los deportistas de alto rendimiento, sin interferencias que dificulten su preparación profesional.

Las industrias culturales constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, con casi 300.000 puestos de trabajo, equivalentes al 1,5 % de los puestos de trabajo totales. Son empleos calificados, con remuneraciones por arriba del promedio de la economía. Tenemos que redoblar los esfuerzos para potenciar y conectar a los talentos, los trabajadores, los gestores culturales y a nuestros artistas con ecosistemas más amplios y proyección internacional.

Queremos construir una política cultural que refleje la diversidad que expresamos como comunidad, creando un sentido de pertenencia en una identidad inclusiva, con raíz y proyección internacional, fortaleciendo la confianza en nuestras capacidades para hacer realidad los sueños colectivos. Vamos a promover la cultura en el campo de los derechos humanos y la diversidad cultural, de la transformación digital y del desarrollo sostenible, tenemos las capacidades, vamos a construir las instancias colectivas para aprovechar las oportunidades en modelos nacionales y regionales de desarrollo. Apostamos por el trabajo interinstitucional, interjurisdiccional y la vinculación público – privada, creemos que la Cultura de manera transversal con la Educación, la Ciencia y la Tecnología, el Turismo y el Ambiente, será uno de los pilares del desarrollo de la Argentina que los convocamos a construir.

  • Construir una política cultural que refleje la diversidad que expresamos como comunidad, creando un sentido de pertenencia en una identidad inclusiva, con raíz y proyección internacional, fortaleciendo la confianza en nuestras capacidades para hacer realidad los sueños colectivos. Por ello, nos proponemos:
  • Impulsar la creación de polos de desarrollo cultural en las provincias, generando sinergias entre las industrias culturales y otros sectores de la economía, como el turismo, la tecnología y la educación. 
  • Potenciar las industrias culturales como motores de expresión artística, jerarquizando aquellos que promuevan el desarrollo económico y creativo.
  • Promover la integración con los países de la región, acompañando la internacionalización de productos y servicios con potencial de exportación. Regular a la inteligencia artificial y el ecosistema digital para potenciar a los artistas, promover el trabajo y generar un entorno previsible para las inversiones. 
  • Fomentar la diversidad cultural a través de la creación, producción y difusión de contenidos culturales que reflejen nuestra identidad nacional, regional y federal. 
  • Promover la articulación entre las universidades, los terciarios y espacios de formación, junto a los gremios y sindicatos y las empresas culturales para fomentar el trabajo y la profesionalización de los argentinos.
  • Creación de Fondo económico para el acceso a la cultura de jóvenes y personas mayores.

La inversión pública en infraestructuras y obras es fundamental para reducir desequilibrios territoriales históricos: constituyen acciones estratégicas para potenciar iniciativas productivas, aprovechar racionalmente los recursos y fortalecer el desarrollo local.

Queremos un Estado que planifique la inversión pública en el territorio para un desarrollo justo y federal. Para guiar el crecimiento y dinamizar la producción trabajaremos por un abastecimiento energético sostenible, soberano y con capacidad exportable; priorizaremos el robustecimiento de las redes vial, ferroviaria y el sistema portuario y aeroportuario para un desarrollo logístico eficiente, buscando una matriz que mejore la integración nacional y regional; generamos acuerdos en torno al recurso hídrico para un manejo consorciado, racional y sostenible con el ambiente, entendiendo el agua como recurso de la vida y como elemento clave de la gestión energética; y promoveremos la complementariedad entre ciudades, a través de la provisión y la construcción de equipamiento de los distintos sistemas urbanos que promueven un sistema policéntrico de ciudades. 

Para ello proponemos, en línea con las Claves para el desarrollo de un país federal, sostenible e inclusivo, establecidas a partir de la experiencia y la planificación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación desde 2019:

  •  Obras para el Desarrollo Federal: continuidad y puesta en marcha de las 1550 obras acordadas con los gobiernos provinciales y priorizadas con los sectores productivos, compiladas en los Aportes para el Desarrollo Federal.
  •  Fondo de Financiamiento Soberano de Infraestructuras: recursos de asignación específica para garantizar la inversión en obras estratégicas.
  •  Estructura portuaria alternativa: desarrollo de obras para garantizar la conectividad fluvio-marítima de todo el territorio, articulada con el sistema de cargas ferroviario.
  • Extensión de redes del Sistema Federal de Acueductos, Presas y Canales: obras para una producción agropecuaria resiliente y para garantizar el acceso al agua segura en todo el territorio, junto a obras de canalización y riego para recuperar tierras productivas.
  • Infraestructuras para la producción y la exportación de hidrocarburos: construcción de nuevas obras necesarias para apoyar el desarrollo de la actividad.
  • Grandes infraestructuras de generación hidroeléctrica y fuentes renovables: construcción de obras y desarrollo de tecnología para la gestión energética.

El sistema de transporte es un pilar fundamental para el desarrollo económico, la integración territorial y la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. Para que Argentina logre avanzar hacia un modelo productivo eficiente y sostenible, es necesario fortalecer su infraestructura de transporte con una mirada estratégica e innovadora.

En este marco, se proponen dos ejes centrales de acción:

  • Renovación y ampliación de la red ferroviaria actual: implementación de nuevas tecnologías para optimizar la logística de forma integral y extensión de los servicios de cargas y pasajeros.
  • Plan Nacional de Transporte Sostenible: inversiones para impulsar la transición y eficiencia energética, aprovechando las posibilidades energéticas de cada región y las ventajas comparativas de un esquema de intermodalidad funcional.

Los municipios son el primer eslabón del Estado en la vida cotidiana de las personas, por lo que fortalecer su capacidad de gestión es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida en cada comunidad. En un contexto de creciente demanda social, resulta indispensable que los gobiernos locales cuenten con mayores recursos, herramientas y asistencia técnica para brindar servicios públicos más eficientes, equitativos y de calidad. Impulsar municipios más modernos y capaces no solo mejora la infraestructura urbana, sino que también contribuye a la construcción de ciudades más justas y sostenibles. 

  • Protagonismo y fortalecimiento de la gestión municipal. 
  • Crear un Programa de transferencia de recursos del Estado Nacional para todo municipio o gobierno local que quiera mejorar sus capacidades en la prestación de Servicios Públicos municipales, con el fin de que vecinas y vecinos mejoren su calidad de vida cotidiana.
  • Transformar el rol de los municipios y gobiernos locales. Cuando un Estado municipal es más capaz y eficiente, la ciudad se vuelve más justa y equitativa. En este sentido, se ampliarán las capacidades municipales para la mejora en la prestación de los Servicios Públicos a través de un Programa de asistencia financiera y técnica para ampliar y tecnificar el equipamiento necesario.

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